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Wilson García Mérida: Fomento del Gobierno al contrabando hizo de Cochabamba ciudad basurero

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La declaratoria de “mártires por la reivindicación marítima” incluyendo subvención económica para la fianza de nueve funcionarios bolivianos (uno de ellos con antecedentes penales) que fueron enjuiciados y condenados en Chile, acusados de haber cometido el “volteo” (robo encubierto como incautación) de mercadería de contrabando contra un camionero chileno en territorio chileno, sumada a la rotunda negativa del presidente Evo Morales para disponer una investigación oficial que permita establecer rigurosamente la verdad del hecho desde una perspectiva clara de la justicia boliviana (“que investiguen a su abuela” respondió Evo a un pedido opositor), además de haber causado estupor e indignación en una mayoría de ciudadanos incluyendo servidores públicos honestos dentro el propio Gobierno, es un claro indicio de que el régimen que preside Morales ha caído bajo control de sectores delincuenciales que se infiltraron en el partido gobernante desde la vieja derecha corrupta de Bolivia.

Estas mafias que tienen acceso privilegiado al palacio Quemado desde la anterior gestión del Ministerio de la Presidencia a cargo de Juan Ramón Quintana, actual Embajador en Cuba, durante la última década han intensificado sus actividades de contrabando como parte de un holding del narcotráfico que además de negocios vinculados al lavado de dinero, controlan también sofisticadas redes de prostitución y tráfico de personas con fines de explotación sexual en el eje Cobija-La Paz-Arica. Parte orgánica e implícita de este holding informal son los “volteos” y extorsiones a través de los cuales algunos funcionarios estatales toman su parte de la torta en el festín populista.

Teniendo como su principal mercadería el negocio de “autos chutos” (vehículos usados que son técnicamente reacondicionados) en un gigantesco esquema de lavado, el contrabando ligado al narcotráfico no sólo se ha convertido en un poderoso factor empresarial que contribuye a la prosperidad de nuevas élites y a la dudosa estabilidad económica en Bolivia, sino también —y esto es lo grave— ha adquirido un alto grado de legitimidad e incluso prestigio social, participando directamente en decisiones políticas —a través de personajes como Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Reymi Ferreira, etcétera— dentro el Gobierno que preside Evo Morales.

Esta economia asentada en unas bases de criminalidad política y asociación delictuosa, después de una década de haberse instaurado mediante una violación sistemática de normas constitucionales y derechos ciudadanos, está arrojando ya sus frutos perversos: enriquecimento ilícito de unos pocos nuevos privilegiados, distorsiones en las esctructuras fiscales con perjuicios económicos para el Estado y devastación ambiental de las ciudades con daños en la salud pública a gran escala.

El gobierno del presidente Morales justifica su política de fomento al contrabando y legalización de autos “chutos” en el hecho de que genera fuentes de empleo en el sector del transporte público favoreciendo a sectores empobrecidos de la población. Ciertamente es un negocio que ofrece paliativos ante el desesperante desempleo de miles de famílias bolivianas; pero también generaliza la ilegalidad y el enriquecimento ilícito de los comerciantes involucrados en este contrabando depredador del medio ambiente.

Los “chutos” en Cochabamba: tres aterradores informes de la OMS

La vía libre al contrabando y la legalización de vehículos internados al país irregularmente está causando estragos que abarcan un desastre ambiental sin precedentes, especialmente en Cochabamba, una de las ciudades bolivanas más afectadas por la invasión desmedida y creciente de los autos “chutos”.

Por tercer año consecutivo la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de Naciones Unidas, ha clasificado a Cochabamba entre las ciudades más contaminadas de Latinoamérica mencionando como principal causa la combustión automotriz.

En su informe del 2014, la OMS clasificó a Cochabamba como la quinta ciudad más contaminada de la región, después de las ciudades de Lima (Perú), Rancagua y Chillán (Chile) y Santa Gertudes (Brasil). Nuestra ciudad presentaba una elevada concentración de partículas nocivas en su atmósfera, con 41 gramos de sustancia contaminante por cada metro cúbico de aire. Ya entonces la OMS había advertido que en elevado porcentaje la causa de esa contaminación eran las emanaciones tóxicas de plomo y azufre producidas por los vehículos, y en menor proporción los gases emitidos por las tradicionales fábricas de ladrillos en la zona sudoeste de la ciudad.

Según el informe del 2015, el nivel de contaminación atmosférica subió a los 68 gramos de detritus tóxicos contenidos en cada metro cúbico del aire que respiran los cochabambinos, causando una epidemia de enfermedades respiratorias en la población más vulnerable de niños y ancianos. Casi un 70% de esa degradación ambiental fue atribuída por la OMS a las emanaciones vehiculares y el 30% a la industria ladrillera.

Para el 2016 la OMS vuelve a incluir a Cochabamba esta vez en el puesto 11 dentro una lista 700 ciudades en 67 países de latinoamérica —después de Lima, Monterrey y México DF—, detectando 60 gramos de sustancia contaminante por cada metro cúbico de aire. La reducción de 8 gramos tóxicos por metro cúbico con relación al informe del 2015 se habría producido como efecto de una reconversión de las ladrilleras artesanales de Jayhuaico que optaron por el uso de gas natural en sustitución de carbón y leña.

Ante la insistencia de Naciones Unidas para abordar el creciente deterioro ambiental en Cochabamba, y ante la perspectiva de obtener recursos financieros de la cooperación internacional, el pasado 12 de mayo el Ministerio de Medio Ambiente a través del Proyecto Nacional de Gestión de Calidad del Aire reconoció finalmente que el 70% de la contaminación ambiental en Cochabamba es causada por el creciente parque automotor generado por el contrabando de “chutos”, adoptando el informe de la OMS publicado el 2015.

Fue la primera vez que el gobierno boliviano admitió con resonancia mediática que el exceso de vehículos “chutos” en Cochabamba es la causa principal del galopante “smog” que se apoderó de la otrora “Ciudad Jardín” de Bolivia. El año 2014 el misma oficina estatal de Gestión de Calidad de Aire ya había elaborado un amplio informe técnico identificando al parque automotriz como el principal factor contaminante en Cochabamba, pero ese informe fue engavetado y confinado al olvido sin mayor difusión ni repercusión; y por los visto ese informe oficial del 2014 ni fue puesto en conocimiento del presidente Morales,.

Otras fuentes, como la Red de Monitoreo de calidad del Aire (Red MoniCa), menos conservadoras que la OMS, estiman que un 90% de las partículas contaminantes provienen de la combustión automotriz y el resto de ladrilleras, yeseras y caleras.

Las responsabilidades ambientales de Evo Morales

uando se conoció el primer informe de la OMS en el 2014, un sector del Gobierno intentó soslayar y negar que la causa principal del desastre ambiental cochabambino radica en el incremento del parque automotor originado en el masivo contrabando de “chutos”. Hay plena consciencia de ello en las altas esferas gubernamentales y por eso mismo intentan ocultarlo.

En una entrevista publicada por La Razón el 8 de mayo de ese año, el entonces viceministro de Medio Ambiente Rubén Salvatierra redujo como únicas causantes del deterioro a las ladrilleras y a la situación geográfica de la urbe valluna: “Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas de Bolivia porque tiene empresas procesadoras de yeso, productoras de piedra caliza y fábricas de ladrillo, a esto se suma el hecho de que la ciudad es un valle, por lo tanto, la concentración de aire no se dispersa sino se concentra”, declaró el Viceministro sin mencionar ni por asomo el incremento polucionante del parque automotor como efecto del intenso contrabando,un hecho admitido incluso, ese mismo año, por el Proyecto Nacional de Gestión de Calidad del Aire del mismo Ministerio al que pertenecía Salvatierra.

El problema de las ladrilleras es un asunto de vieja data en el conflicto ambiental de Cochabamba, casi tan antiguo como el de sus vecinas curtiembres que generaron a inicios del siglo XX la famosa y mal oliente “serpiente negra” sobre el trayecto del rio Rocha hacia el actual aeropuerto Jorge Wilstermann, partiendo del matadero municipal. Pero nunca ambas actividades, ni juntas, habían generado un grado de deterioro del aire como el causado en los últimos años, de manera tan intensa y acelerada, por el exceso letal de combustión automotriz proveniente de los autos “chutos”.

Pese a que la OMS publicó sus estudios que ubican insistentemente a Cochabamba entre las diez ciudades más contaminadas de Latinoamérica por lo menos desde el año 2014, el presidente Evo Morales se declaró recientemente “sorprendido” ante la noticia, a la vez que soslaya la causa directa del desastre ambiental. “Nos ha sorprendido ese dato, muy grave, todavía no hemos debatido en el gabinete ni con el Vicepresidente… pero estoy pensando que habría que convocar a las autoridades de Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Tiraque y Colcapirhua”, publicó ANF el pasado 27 de junio.

El Presidente lamentó que con semejante contaminación Cochabamba podría dejar de ser un centro de convenciones gubernamentales y cumbres sociales. “Tenemos un problema porque en Cochabamba se realizan cumbres de presidentes y movimientos sociales (…) y si tenemos este problema de contaminación, seguramente afectará bastante la imagen de Cochabamba”, dijo Evo tres años después del primer informe de la OMS.

Así como será imposible estrechar un diálogo fraterno con Chile en torno a la demanda marítima —ni aún con un fallo favorable de La Haya que obligue a Chile a dialogar— mientras Bolivia fomente y encubra desde altas esferas gubernamentales el accionar impune de organizaciones mafiosas de narcotráfico y contrabando en la frontera con el país vecino, el gobierno de Evo Morales tampoco podrá hacer nada respecto a la contaminación ambiental en Cochabamba mientras sus correligionarios “chuteros” continúen haciendo de esta ciudad su gran playón y su zona franca para lucrar a costa de la salud de los cochabambinos.

El problema es estructural, además de ético. Las soluciones exigen algo más que festivas “cumbres” dedicadas a la Pacha Mama en Tiquipaya o millonarias consultorías ambientales. Exigen también una verdadera lucha frontal contra el contrabando y el narcotráfico, y la decidida desarticulación política de las organizaciones criminales que aportan generosamente al partido durante las campañas electorales.


* Wilson García Mérida es periodista

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